Renacionalización de la minería: una propuesta inadecuada

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Posición del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile en tiempos de altas incertezas para la minería.

9 de marzo de 2022.- El 13 enero del presente año la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional envió al Pleno una iniciativa de norma que en, líneas gruesas, planteaba la nacionalización de las empresas de la “minería del cobre, lítio y otros bienes estratégicos para el buen vivir”, donde indicaba que: “El Estado tomará posesión inmediata de estos bienes en la oportunidad que determine el Presidente de Chile, quien tendrá como plazo máximo de un año desde la promulgación de la nueva constitución para implementar dicha disposición”.


El Pleno de la Convención finalmente, en su votación particular sobre esta iniciativa, solo aprobó un inciso de los 40 artículos recibidos.


Por otro lado, el reciente 5 de marzo esta misma Comisión rechazó la Iniciativa de Norma Popular promovida por la red Compromiso Minero y que contó con el respaldo de 24.205 firmas (la IPN que contó con más apoyo ciudadano de todas aquellas presentadas sobre minería). Esta abogaba “por una minería sustentable para Chile: comprometida con sus habitantes, sus territorios, el medio ambiente y los desafíos del cambio climático”.


Dada la importancia del tema para el desarrollo del país, del Estado de Chile y de las regiones mineras, el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh) ha decidido analizar el tema en profundidad, de manera informada y equilibrada con los intereses de los actores antes indicados, entendiendo que la minería debe contribuir con el desarrollo social, económico y cultural del país.


En primer lugar, debemos destacar que el IIMCh, con sus 91 años de vida, es una organización de tipo profesional, compuesta por profesionales individuales que voluntariamente se afilian para impulsar una mayor y mejor minería para el beneficio del país. Por tanto, debemos destacar que no somos una organización gremial que defiende intereses de algún sector económico, social o sindical.


Como organización y como profesionales, en el pasado hemos sido partícipes de proyectos y normativas que han gobernado la minería. Siempre apoyamos las políticas de desarrollo minero que se plantearon. En especial, dentro de las décadas del 60 al 80, en que se inició el desarrollo de ENAMI, la creación del Centro de Investigaciones Minero Metalúrgicas (CIMM), siguiendo con la chilenización y la nacionalización del cobre, la que concluyó con la creación y posterior crecimiento de CODELCO. Todos ellos bajo muy diferentes esquemas de gobiernos del país, en un mundo cada vez más conectado.


Creemos que todas estas iniciativas tuvieron un impacto positivo, ENAMI desarrolló una mediana minería pujante y rentable hasta hoy, así como también ha apoyado permanentemente a la pequeña minería. CODELCO se afianzó, expandiendo todas sus divisiones y creando varias más, multiplicando por varias veces la producción de las administraciones extranjeras previas.


Posteriormente, las modificaciones legales de carácter constitucional permitieron el retorno de la inversión extranjera en minería. Ello se materializó fuertemente en la décadas del90, permitiendo que el país pasara desde aportar poco más de un 10% de la producción mundial de cobre a inicios de los 80, hasta un 35% de la producción el 2005.


Los profesionales mineros y el IIMCh también apoyamos el desarrollo minero privado, que creció paulatinamente hasta permitir posicionarnos como los principales productores de cobre del mundo, aportando casi 3 veces lo que la minería estatal produce.


El IIMCh siempre ha celebrado la existencia de una triada virtuosa entre la minería estatal, que da recursos económicos para el Estado, la minería privada que, a través de recursos económicos externos, ha dado riquezas al país (y sus accionistas) y una pujante mediana minería, más insertada en la comunidad chilena, que da trabajo de calidad a una parte importante de la población en aquellas zonas mineras del país.


La gran minería privada transnacional se encontró, desde fines de los años 80, con un país muy abierto, con mega-yacimientos de alta ley, que les entregaba concesiones amparadas en leyes de rango constitucional, que permitía su desarrollo, con reglas de tributación estables y sin ninguna restricción para exportar concentrados. Si bien en los ciclos económicos de altos precios la gestión minera privada, se puede ver como altamente rentable para sus accionistas, no debe perderse de vista que del valor generado en cada período, más del 60% queda en el país, ya sea como remuneraciones, reinversiones para la mantención de la capacidad productiva, pago de distintos tipos de servicio y en el pago de impuestos.


En general, la administración, planificación y operación de las empresas extranjeras que operan hoy en Chile es realizada por profesionales chilenos de reconocida capacidad; condición que asegura la explotación razonable de nuestros recursos minerales y vela por el cabal cumplimiento de las normativas medioambientales, además de otorgar bienestar socio-económico a miles y miles de personas que dependen de esta actividad; generando enclavamientos productivos aguas arriba como pocas industrias en el país pueden mostrar. Es así como de un aporte al producto interno bruto del país del orden de un 10%, en realidad la minería contribuye con un 20%, mientras que en las zonas mineras, este valor llega a más de un 75%.


Pero las condiciones económicas, sociales y políticas siempre cambian en el tiempo. Por ello, es razonable analizar: ¿cuál es la situación minera de hoy?


CODELCO actualmente no tiene fondos para hacer inversiones mayores que permitan aumentar su producción, ya sea con nuevos yacimientos y/o expandiendo los existentes, ello a pesar que los recursos y reservas mineros detectados en sus pertenencias, permitirían más de 100 años de explotación y tratamiento al ritmo actual; lo que tiene relación con el tamaño alcanzado por CODELCO, como el productor más grande del mundo – lo que si bien puede ser visto como una ventaja, genera complejidades administrativas que dificultan su crecimiento.


La minería privada ha sido eficiente y rentable, lo que no quita que pueda hacer un mayor aporte al país, en particular cuando los ciclos de precios son altos, tal como lo han indicado profesionales expertos en minería, economía y aspectos regulatorios. Asimismo, lamentamos que ante la eventualidad de cambios en las reglas del juego, inmediatamente se suspendieron las grandes inversiones y planes de expansión de las principales empresas existentes en el país.


La ciudadanía, que fue el apoyo relevante para la nacionalización en los años 70, en el transcurso del tiempo, mayoritariamente ha cambiado su visión, creyendo que la minería actual es contaminante, extractivista, creadora de zonas de sacrificio y no innova. Sin embargo, esto está lejos de la realidad. La complejidad de la industria minera, hacen que ésta sea una de las que más innovación tecnológica y conocimiento técnico aplicado desarrolla y, con ello, aporta al conocimiento que necesita el país, lo que debe ser aún más fomentado.


La minería ha entendido que las prácticas, eficientes en el pasado, pero no aceptables en el mundo de hoy, son mejorables y, que muchos de los desafíos no resueltos en el pasado; como aquellos temas ambientales, han sido controlados, reducidos o eliminados, siendo la minería una de las industrias con más altos estándares en Chile.


Por otro lado, todos los gobiernos han reconocido la importancia de la minería para las finanzas públicas, tanto por los excedentes de la minería estatal, como los impuestos directos de la minería privada. Es así como el Fisco cuenta con el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) destinado a mejorar las pensiones básicas y aportes previsionales solidarios de vejez e invalidez y el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), destinado a financiar déficit fiscal en periodos de crisis como el que nos toca vivir por la pandemia. Estos fondos están asociados indirecta y directamente a los recursos generados por la minería.


Asimismo, también se debe reconocer que la minería también fortalece la economía en forma indirecta por la generación de empleos de calidad en la construcción y en la operación de las obras mineras, con efecto multiplicador fuera de la industria minera (proveedores/servicios), lo que explica de manera especial el crecimiento de la economía durante 1990 al 2010.


Finalmente, cabe recordar que la Nacionalización del Cobre en 1971 no fue gratis para Chile: además de sufrir un bloqueo internacional para la compra de repuestos y suministros, el Estado chileno debió finalmente pagar una importante indemnización a las empresas nacionalizadas, lo que sin lugar a dudas ocurriría ante una expropiación como la que se propone, dilapidando los escasos recursos con que Chile cuenta y sin poder satisfacer las necesidades sociales de nuestros compatriotas.


Los profesionales de la minería hemos trabajado duramente, tanto en la minería privada como en la minería estatal o en las empresas proveedoras y de servicios, para mantener la minería chilena en un alto nivel de desempeño y con un desarrollo tecnológico permanente. Hoy la minería chilena tiene una posición tecnológica de punta en el mundo.


En consideración a todo el análisis anterior, el IIMCh ha definido declarar la siguiente posición institucional en relación con la iniciativa popular de renacionalización de la minería:
• La minería chilena, tanto estatal como privada, ha sido el motor económico de Chile en los últimos 80 años;
• La minería puede y debe seguir creciendo, mejorando constantemente sus estándares ambientales y de relaciones con las comunidades;
• En este siglo, CODELCO ha demostrado que a duras penas puede mantener su producción por restricciones de capital, exceso de deudas financieras y con controles excesivos para una empresa minera dinámica, como son los que la Contraloría ejerce respecto de ella (la considera como una organización estatal y no de derecho privado);
• CODELCO difícilmente podría manejar eficientemente una industria cuatro veces superior a su producción actual y, como consecuencia de esto, Chile no podría soportar un colapso de la principal fuente de divisas, que es el mayor puntal de desarrollo de la economía;
• Chile no tiene fondos para indemnizar, según los acuerdos vigentes, la nacionalización de las grandes empresas privadas. Una nacionalización sin pagos adecuados afectaría fuertemente la inversión extranjera en Chile. Basta recordar la situación crítica de principios de los 70.
• Si toda la minería fuera estatal, y su administración fuera similar a la de CODELCO, la producción decaería inevitablemente, porque ningún Gobierno estaría dispuesto a destinar los más de US$ 400 millones anuales que se requieren en exploraciones o los miles de millones de dólares requeridos para mantener las capacidades productivas actuales.
• La triada de minería estatal fuerte, minería privada pujante y mediana minería activa debe mantenerse, pero eliminando las restricciones que afectan sus desarrollos; tal como lo ha planteado en IIMCh en este último tiempo.
• Las regiones mineras no disponen de alternativas que permitan reemplazar en el corto, mediano y largo plazo, la fuente de recursos o factores de desarrollo originados por la actividad minera; tal como nos mostró la minería del salitre en el norte y el petróleo y gas en Magallanes.


En resumen, los profesionales de la minería consideramos que la iniciativa aludida no tiene soporte lógico ni es una solución efectiva para los problemas financieros de la Nación; más aún, generarán un retroceso y el inicio de un deterioro económico, partiendo por aquellas comunas del norte del país.


Sin desmedro de lo anterior, los profesionales mineros también pensamos que la minería privada tiene espacios para tributar más. Por otro lado, el Gobierno tiene la opción de dictar leyes que restrinjan el acaparamiento de propiedades mineras y finalmente, nada le impide analizar y discutir leyes de estanco que empujen a todas las empresas mineras, tanto públicas como privadas, a generar más enclavamientos productivos, que permitan un mayor desarrollo de nuestra riqueza minera, sin los riesgos y conflictos asociados a un quiebre esencial de las regulaciones.


Asimismo, los profesionales mineros creemos que CODELCO puede volver a crecer, si tiene un gobierno corporativo más autónomo en su gestión y el Estado permite que reinvierta una parte importante de sus excedentes.


En especial, los profesionales mineros que apoyamos la Nacionalización de los años 70 y hemos participado en el desarrollo de la minería privada de las últimas décadas, ratificamos que el status que una minería estatal fuerte y una minería privada pujante, pero más comprometida con el desarrollo nacional, es la mejor opción para el país y que una política de renacionalización hoy día, no es consistente ni necesaria para el desarrollo de nuestra nación, en un mundo cada vez más conectado.


En conclusión, consideramos que la iniciativa popular de renacionalización de la minería es una propuesta inadecuada para los intereses de nuestra nación.