El discurso del 21 de mayo puso en los primeros lugares de la agenda pública el tema de la propiedad de los recursos hídricos. El gobierno orienta sus fichas hacia un bien de uso público. Pero hay quienes opinan que una nueva legislación debería estar orientada más a su protección e intervención. Otros, en cambio creen que con lo que existe, es suficiente.

Gran parte de la modernización de la estatal será este año. La meta es hacerla una empresa eficiente, no rentable. La firma pidió a Hacienda autorización para tomar créditos por US$ 300 millones y se analizan nuevas garantías estatales para apoyar su rol subsidiario.

Se busca terminar con las especulaciones y eventuales abusos con los derechos de agua en Chile, fijando como prioridad el consumo humano, el de provisión de alimentos y al final el industrial. Así, en zonas de sequía, se podría exigir a compañías como las mineras que reduzcan el uso del recurso, para que los ciudadanos no sufran racionamiento y sigan utilizando la red de alcantarillado, a precios más bajos que los actuales.

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